PRD y PRI se suman al clamor de justicia para una mujer golpeada

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Cancún, 5 de diciembre, (Infoqroo).– Los partidos Der la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional se sumaron a la condena por la agresión a una mujer en Chetumal y urgieron a las autoridades a resolver el caso y respetar el “Protocolo de actuación del Primer Respondiente”, “Protocolo de Actuación Policial en materia de Género” .

Lo ocurrido demuestra que, a pesar del gran esfuerzo erradicar la violencia de género será nulo en tanto las autoridades no reclasifiquen los delitos correctamente, apuntó la vicepresidenta del Consejo Político Estatal del Sol Azteca, Haydé Saldaña Martínez.

También calificó como “grave” el ataque a la joven en Chetumal y opinó que, de no ser por el reclamo de la sociedad, ese delito hubiera quedado impune, cuando desde un principio la autoridad debió abrir la investigación correspondiente y mantener recluido al agresor.

Asimismo, dijo que en ese caso, a simple vista, era notorio que la joven agredida no presentaba heridas que tarden menos de 15 días en sanar, de modo que los policías tuvieron desde el principio que remitir al agresor a la autoridad ministerial.

Ese tipo de situaciones no es nueva. En el Estado a diario hay noticias sobre mujeres que fueron violadas o golpeadas, de mujeres asesinadas. Por eso, solicitamos a la Fiscalía poner orden en sus protocolos, en sus procesos y llevar al cabo programas de prevención del delito para los jóvenes, a fin de erradicar la violencia de género.

Dijo que ese tipo de acciones es urgente porque, en tanto la sociedad  no vea lo grave que resulta agredir a una mujer, este tipo de acciones seguirán sucediendo.

En el Congreso del Estado, las diputadas Candy Ayuso Achach, Eugenia Solís Salazar, Adriana del Rosario Chan Canul; María Yamina Rosado Ibarra; Leslie Hendricks Rubio y Gabriela Angulo Sauri sometieron al pleno un punto de acuerdo, condenaron toda violencia contra la mujer y lamentaron “el terrible caso” de A.P.N, por lo que exigieron pronta solución al caso y que se llegue a los responsables por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

En el acuerdo, que se presentó de manera urgente, exhortan al titular  de la Secretaría de Seguridad Pública, Jesús Capella Ibarra y al Presidente Municipal de Othón P. Blanco, a que den instrucciones para esclarecer y llegar a los responsables del caso, además de instruir a los elementos a su cargo a cumplir y respetar el “Protocolo de actuación del Primer Respondiente”, “Protocolo de Actuación Policial en materia de Género”.

La diputada Candy Ayuso Achach, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, condenó y clamó justicia para todas las mujeres que han sido víctimas de violencia; “Soy Candy, hija de Magaly, madre de Ximena, hermana de Sonia y María; así como tú, soy mujer, somos hijas, somos madres, somos hermanas, amigas, compañeras, vecinas, somos seres humanos… Y es lamentable que en pleno siglo XXI, el hecho de nacer mujer, sigue siendo un factor de riesgo para la propia vida.

Cualquier clase de violencia, es detestable y condenable. Es un cáncer para nuestra sociedad. Pero la violencia en el ámbito familiar, la violencia de género, nos aleja más de ser una sociedad justa”, manifestó.

 

Agregó que la violencia contra la mujer como es el “crimen encubierto más frecuente del mundo” de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas.

“Que sirva nuestra voz como denuncia colectiva por lo acontecido en días pasados en esta Capital y por todas las mujeres que siguen en espera de justicia, por eso lamento, condeno y aclamo justicia para todas las mujeres que han sido víctimas de violencia”, resaltó, Ayuso Achach.

En el punto de acuerdo las diputadas señalaron que ninguna autoridad puso a disposición de la Fiscalía General del Estado a persona alguna relacionada con el asunto y que, de acuerdo con reportes de los mismo medios de comunicación, agentes de la Policía Estatal Preventiva detuvieron al presunto agresor y lo pusieron a disposición del Juez Calificador Municipal por faltas administrativas, por lo que fue liberado.

 Finalmente, solicitaron a las autoridades exhortadas rindan el debido informe sobre las medidas y acciones a implementar con la finalidad de erradicar esas prácticas, en un término no mayor a diez días hábiles.

 

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