El Ayuntamiento deberá ofrecer disculpa pública a un periodista

Cancún, 6 de febrero (Infoqroo).- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo emitió la Recomendación 01/2019 por Violaciones al Derecho a la Libertad de Expresión, dirigida a la Presidencia Municipal de Benito Juárez, misma que ya fue aceptada por esa autoridad, que deberá ofrecerle una disculpa pública.
El ombudsperson Marco Antonio Toh Euán destacó la importancia de la recomendación, en razón del contexto sobre la situación de las y los comunicadores en México y en el Estado, por lo que se pretende enviar un mensaje a todas las personas que se desempeñen en el servicio público sobre el respeto a la Libertad de Expresión y al ejercicio periodístico.

El caso se desprende de la queja VG/BJ/103/2018 interpuesta el año pasado por la propia víctima, de oficio periodista, en virtud de en rueda de prensa manifestó públicamente que un servidor público plagió una obra literaria registrada a su nombre ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, por lo que había iniciado un procedimiento ante la autoridad administrativa correspondiente.

Sin embargo, al ser entrevistado por diversos medios de  comunicación sobre las declaraciones del periodista, el servidor público amenazó con proceder penalmente en su contra, lo que se considera una violación al derecho humano a la libertad de expresión amparado por la Constitución Política Mexicana, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Se considera que sus amenazas significan un medio inhibidor y atemorizante por tratarse de la aseveración de una autoridad, una forma de menoscabar la libertad de expresión, con consecuencias incluso de autocensura y de privación a la generalidad del conocimiento y divulgación de información.

La Comisión de los Derechos Humanos precisó que no se opone al uso de los recursos legales que tienen los servidores públicos para la defensa de sus derechos, puesto que en un estado democrático de derecho todas las personas posibilidad de interponer los medios de defensa que estimen necesarios para la protección de sus derechos. Sin embargo, tal y como se acreditó en el cuerpo de la recomendación, el uso del derecho penal para tal situación, para limitar o inhibir las acciones de un particular es contrario al derecho a la libertad de expresión y, por ende, ilegal.

Por ello se recomendó, entre otros, la reparación integral del daño a la víctima; el ofrecimiento de una disculpa pública; girar instrucciones a los integrantes del ayuntamiento, directores, subdirectores y jefes de departamento municipales, conminándolos a abstenerse de amenazar, intimidar o violentar el derecho a la libertad de expresión del agraviado y de cualquier otra persona; un programa de capacitación general y en específico sobre libertad de expresión y elaborar un Código de Ética para las y los servidores públicos del H. Ayuntamiento que contemple la protección de los derechos humanos.

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