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Exigen se aclare la represión del 9 de noviembre en Cancún

Cancún, 9 de febrero (Infoqroo).— Personas agrupadas en lo que llamaron Comité de Víctimas de los hechos ocurridos el 9 de noviembre en esta ciudad, hizo una denuncia pública en la que exige el esclarecimiento de los hechos y sostiene que la carpeta de investigación presenta muchas anomalías y omisiones.

Encabezados por Rosario Sosa, quien representa legalmente a varios de los denunciantes, señalaron que no hay avances en la investigación y omisiones por parte de los tres órdenes de gobierno ante las recomendaciones hechas el pasado 30 de noviembre por la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo.

Según dijeron ya llevan dos audiencias y por culpa de la Fiscalía General del Estado no se les proporcionan videos de los hechos ocurridos, sólo hay 11 imputados cuando aseguran que deberían ser 80 y piden que se actúe contra la alcaldesa María Elena Lezama Espinosa y el gobernador Carlos Joaquín Díaz.

Cancun,9 febrero.-Se cumplen 3 meses de la represion a balazos por parte de policias de Cancun contra mujeres y periodistas que llegaron al Palacio Municipal para protestar por la violencia de genero

La siguiente audiencia quedó para el próximo día 23 y, como no dudan que se vaya a diferir por cualquier situación, solicitarán a la Fiscalía General de la República atraiga su caso porque les da la impresión de que en el estado prevalece la impunidad.

 “Vamos a ir ante todas las instancias posibles, incluso una de las reporteras, víctimas, acudió a presentar el caso ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y, si con todo y eso no hay respuestas, entonces acudirán a organismos internacionales”, señaló la abogada Sosa.

La litigante recordó que el 30 de noviembre la Comisión de Derecho Humanos hizo una recomendación en la que se indica atención médica y psicológica a las víctimas, pero no hay voluntad de la autoridad por cumplir.

Respecto al protocolo que sacó el gobierno del estado para actuar en casos de manifestación, dijeron que está dirigido a las autoridades, pero también a simple vista, lo ven como una represión, pues se pide recabar datos de los participantes.

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