Sistema Anticorrupción, a favor de eliminar ayuda social del Congreso

Sistema Anticorrupción, a favor de eliminar ayuda social del Congreso

 

Cancún, 9 de octubre (Infoqroo).— El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción se manifestó a favor de que la XVI Legislatura del Estado cancele la entrega de ayudas sociales a la ciudadanía en general. Si bien hay lineamientos que permiten a los diputados la entrega de ayudas sociales, no hay un sustento del sistema político mexicano que lo avale, ya que el desarrollo social es responsabilidad del Poder Ejecutivo.

Adicionalmente, los procesos de entrega de ayuda no cumplen con requerimiento legal para su correcta entrega, como lo serían reglas de operación, indicadores u otro instrumento que asegure que el recurso tenga un impacto real, explicó en un boletín.

 

Esa situación alertó el CPC, abre la puerta a que esos recursos se usen de forma “clientelar”, con discrecionalidad, opacidad y perjudique los procesos democráticos del Estado.

El comunicado es posterior a la respuesta que el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo realizó sobre la solicitud de exhorto para que el Congreso y la Auditoría Superior del Estado entreguen información a la Organización de la Sociedad Civil “Somos tus Ojos”.

 

La solicitud fue negada, ya que los exhortos únicamente se pueden realizar para hechos probados de corrupción, sin que por ahora se actualice tal supuesto.

No obstante, el Comité de Participación Ciudadana considera que es vital para mejorar los procesos democráticos del Estado revisar y legislar con claridad lo relativo a las Ayudas Sociales bajo el sustento de que no haya facultades a favor del Congreso para entregar tales ayudas en dinero a la sociedad, puesto que sus funciones deben ceñirse exclusivamente a sus tareas legislativas.

El CPC buscará posicionar el tema en la nueva Agenda Legislativa como uno de los temas de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos para reducir el riesgo de la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos.

 

 

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